Por: Álvaro Ossa, Director de Transferencia y Desarrollo UC
El 9 de junio se despachó a ley el proyecto de Transferencia de Tecnología y Conocimiento. 135 votos a favor, cero en contra, apoyo transversal de dos gobiernos distintos. En un país que convirtió la trinchera en deporte nacional, ver a todos de acuerdo en algo así da gusto. Y no es casualidad: era de las cosas obvias que llevábamos años sin hacer.
El problema que resuelve es viejo y vergonzoso. Más del 70% de la investigación en Chile se paga con plata de todos, y ese conocimiento solía morir guardado en una tesis o un laboratorio. Ahora la ley empareja la cancha entre universidades estatales y privadas, y por fin deja que los investigadores lleven sus descubrimientos al mercado. Era lo mínimo, y costó una eternidad.
Estoy a favor, sin medias tintas. Pero precisamente porque creo en esta ley, no quiero verla aplaudida hoy y traicionada en la letra chica.
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Porque hay dos cosas que se van a definir después, lejos de las cámaras. El Repositorio Nacional que abrirá el conocimiento financiado por ANID que no se patenta: la idea es potente, pero abrir sin criterio puede terminar regalándole al mundo la ventaja que pagamos entre todos. Y el Licenciamiento Socialmente Responsable, que suena impecable, pero deja la pregunta incómoda servida: ¿quién define qué es "socialmente responsable", y con qué criterio?
Todo eso quedó entregado a un reglamento que todavía no existe. Y ahí, no en la votación, se va a jugar el partido de verdad.
Los científicos que investigaron durante años sabiendo que su trabajo no saldría del cajón se merecían esta ley hace rato. Ahora nos toca estar a la altura de ella.
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