El instrumento contempla garantías de hasta un 95% para microempresas y un 90% para pequeñas y medianas empresas de transporte de carga, con el objetivo de mejorar sus condiciones de acceso al crédito y aliviar sus necesidades de liquidez frente al alza del precio del diésel. Podría movilizar cerca de $205 mil millones en financiamiento, según estimaciones.
garantías estatales
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