Tras una larga tramitación, la Cámara de Diputados aprobó con amplia mayoría el proyecto que consagra Internet como servicio público. Esto significa que una vez que la ley -impulsada durante el segundo Gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet- sea promulgada y los reglamentos asociados sean aprobados, la provisión de internet podrá ser fiscalizada de la misma forma que la telefonía móvil, a la vez que se habilitarán una serie de herramientas en pos de acortar la brecha digital.
“Estamos muy orgullosos de que hemos finalmente aprobado la ley de Internet como servicio público. Una ley que viene a hacerse cargo de esta necesidad del país de acortar la brecha digital, de que hoy día no se nos puede quedar nadie fuera del acceso a Internet”, señaló el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.
El secretario de Estado resaltó que durante la pandemia quedó en evidencia lo complejo que era no estar conectado, “cómo eso significa quedar fuera de accesibilidad a servicios, conectividad que hoy día es fundamental en esta vida moderna. Es tan grave no tener servicios de Internet en un determinado día como a lo mejor que me corten la electricidad y me corten el agua. O a lo mejor hoy día es tan impensable para muchos de nosotros no tener acceso a internet como no tener acceso a las calles”.
Por su parte, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, dijo que, “hoy dimos un gran paso en el reconocimiento de derechos en una sociedad que es cada vez más digital. Cuando este proyecto sea promulgado y se aprueben todos los reglamentos respectivos, las familias de nuestro país recibirán una respuesta clara y oportuna acerca del tiempo que demorarán en acceder a los servicios. No hay cupo o no hay factibilidad técnica no podrá ser una respuesta de las empresas a la hora de llegar con Internet fijo a las diferentes zonas de nuestro país”.
Los beneficios
Algunos de los beneficios que se habilitan con la aprobación de la ley giran en torno a la profundización de la obligatoriedad de las empresas en prestar servicios de conectividad digital en todos los lugares donde tengan cobertura, eliminando el concepto de zonas rojas como un limitante a la hora de llegar con servicios a determinadas zonas del país.
Por otro lado, la Subsecretaría de Telecomunicaciones verá fortalecida su labor fiscalizadora y con ello, podrá incrementar las sanciones y multas por incumplimientos legales y regulatorios por parte de las empresas de telecomunicaciones.
Por otro lado, la norma también permite la creación de mecanismos para otorgar subsidio a la demanda y de esa manera ayudar a las familias a costear los planes de Internet hogar.
